Huelgas de hambre, denuncias y la seguridad del metro en peligro

Parece el título de un thriller de miedo, sin embargo, es el panorama de la situación que viven los trabajadores de seguridad privada de Seguridad Integral Canaria (Marsegur).

Una empresa conocida por ser la elegida del Gobierno para llevar a cabo el plan de seguridad de varias instituciones oficiales, una de ellas el metro de Madrid. ¿El problema? Marsegur ganó el concurso por tener los precios más bajos. Hasta aquí todo bien. Lo que no sabía el Gobierno es que estos precios eran posibles gracias a una bajada en la nómina de los trabajadores, creando una situación insostenible de precariedad a los empleados que contamos hace algún tiempo aquí.

Huelga en el Metro de Madrid.

Tras numerosas manifestaciones durante más de un año, el último foco de las protestas se sitúa en el Metro de Madrid. Al parecer, más de un tercio de los vigilantes lleva dos meses sin cobrar. Unos vigilantes que resguardan más de un 40% de la red de metro, cubriendo las zonas centro, suroeste y Metrosur.

La situación saltó a la luz el pasado 10 de noviembre. Los trabajadores aún no habían recibido la nómina de octubre, por lo que el comité de empresa decidió convocar una huelga indefinida. Una huelga que no afecta demasiado a los servicios, ya que los mínimos son del 85%.

Este retraso en el pago no era el primero. Los trabajadores llevan tiempo soportando retrasos e incertidumbre en cuanto a sus salarios. Algo que genera una situación de ansiedad, causando estragos psicológicos en los vigilantes. Es por ello que el comité de trabajadores ha denunciado que esta situación '' supone un peligro para los usuarios por la ansiedad que sufren''.

Los trabajadores han llegado al límite, y por ello han decidido denunciar y no parar la huelga hasta que la empresa abone los sueldos pendientes. Además, los vigilantes exigen a Metro que retire ya la concesión, que expiró oficialmente en agosto y se ha prorrogado hasta que se resuelva el nuevo concurso.

Huelga de hambre como último recurso

Unos empleados han decidido optar únicamente por la vía judicial y otros han ido más allá apostando por la huelga de hambre con la esperanza de resolver el conflicto. Es el caso de Daniel Galán Meléndez, empleado de 42 años que lleva más de 15 años como vigilante de Metro.

Su situación límite le ha llevado ''a tomar medidas drásticas'' tal y como él mismo indica. En su caso, es incapaz de pasar la pensión a su exmujer y otros hijos. Además, cuenta con el agravante de que su expareja también trabaja en la misma empresa y tampoco cobra, por lo que la situación económica es asfixiante para ambos.

La huelga de hambre comenzó el pasado 11 de diciembre, fecha en la que Daniel dejó de comer sólidos. Alega que “he adoptado esta medida drástica y dramática porque nuestra situación familiar también lo es. No es concebible en el siglo XXI tener que estar trabajando gratis. Cumplimos nuestros horarios y funciones si recibir un salario con el que poder subsistir”.

Daniel atraviesa por una situación dura, ya que cumple con su horario laboral de ocho horas para luego protestar en la estación de sol. Se manifiesta con un cartel que reza "Vigilante de Metro en huelga de hambre. Seguridad Integral Canaria culpable. 550 trabajadores. Dos meses sin cobrar". Acompañado por otros trabajadores en huelga, informa a los periodistas y transeúntes sobre la situación.

Los trabajadores culpan a la administración de haber contratado y prorrogado la concesión a esta empresa fraudulenta.

Respuesta institucional

Los actores que deben responder a este asunto para poner fin al conflicto son: el empleador que no paga, Seguridad Integral Canaria (SIC), Metro de Madrid, el Ayuntamiento y la directiva de la Comunidad de Madrid.

Las reacciones han sido diversas y en caso de SIC han comunicado a Efe que "se está haciendo todo lo posible en varios frentes para normalizar los abonos de salarios y se espera una solución en breve".

Por su parte, el delegado de Metro de Madrid, ha declarado que ellos pagan a SIC, y que el dinero no llega a los trabajadores. Es por ello que Metro retendrá el aval de la empresa y está estudiando si legalmente puede utilizar ese dinero para pagar a los trabajadores los atrasos.

En lo que concierne al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, el Consistorio insiste en que esto debe resolverlo la Administración regional y la Comunidad de Madrid se desentiende del problema.

¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que las instituciones pueden mediar de otra manera?

¡Esperamos tu opinión!

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