El escándalo de Marsegur: cómo poner en peligro la seguridad por reducir costes

Hace ya más de un año comenzaba el periplo, y el consiguiente escándalo, de la empresa de seguridad privada Marsegur –ahora Novosegur-. Un periplo marcado por la adquisición de la seguridad privada de varias instituciones del Ministerio de Defensa. ¿El escándalo? El ahorro de costes a base de tener a los vigilantes de seguridad en condiciones laborales muy alejadas de las idóneas.





Defensa adjudica el contrato a Marsegur


En el año 2016 se produjo la adjudicación del contrato de seguridad privada a Marsegur, empresa que gestionaría la seguridad de varias instituciones, además del Ministerio de Defensa tales como el Ayuntamiento capitalino, Emergencias 112, Instituciones Penitenciarias, y la Tesorería de la Seguridad Social, entre otros organismos públicos y privados.


"El ministerio de Defensa ha utilizado los servicios de Marsegur entre 2014 y 2017 por valor de 19 millones de euros"


No solo Defensa ha suscrito los servicios de Marsegur, también han destinado fondos a esta empresa otros Ministerios tales como el Empleo (3,1 millones); Interior (1); Hacienda y Administraciones Públicas (0,7); Economía y Competitividad (0,5); y Sanidad (0,1).


¿Por qué Defensa asignó a Marsegur la seguridad privada? Su económico precio fue lo que hizo decantarse al Ministerio de Cospedal por esta opción, sin valorar las condiciones o quién conformaba su gestión. En este caso, la compañía estaba presidida por Miguel Ángel Ramírez, presidente el equipo de fútbol de la UD Las Palmas, y conocido por sus tejemanejes empresariales.


La compañía de seguridad cuenta en la actualidad con unos 1.000 empleados en toda España y facturó 6,7 millones de euros en 2015, un 235% más respecto al año anterior, de acuerdo con su última memoria de cuentas anuales remitida al Registro Mercantil.


La estrategia para reducir costes


La estrategia fue simple: participar en concursos a la baja realizando bajadas de sueldos a los trabajadores a través de un convenio propio. Hasta aquí todo bien. Y es que, esto no conlleva ningún quebrantamiento de la ley ya que, la Reforma Laboral de 2012 ampara este tipo de contratos, posibilitando que los convenios de empresa prevalezcan sobre el convenio estatal. Esta práctica impulsa rebajas salariales que pueden llegar hasta el 50 por ciento en comparación con los de ámbito nacional.


Sin embargo, un vigilante de seguridad de Marsegur cobra 789 euros brutos al mes, con todos los complementos incluidos, una pérdida del poder adquisitivo de cerca de 400 euros respecto al convenio estatal de seguridad. Aunque estas condiciones paupérrimas estén amparadas por la ley, los vigilantes han decidido denunciar tales condiciones y secundar huelgas para recuperar los derechos perdidos y por “modificación sustancial de las condiciones laborales” y “la pérdida salarial”.


La pérdida de poder adquisitivo no es la principal causa de estas huelgas, también lo son las condiciones laborales de los trabajadores. Tal y como indica un trabajador de la empresa con más de 25 años de experiencia en el sector “a fecha de hoy todavía estamos con los uniformes de la empresa anterior, no se nos han facilitado uniformes de invierno, tres compañeros están de baja, alguno por depresión… al terminar el turno muchas veces tenemos que llamar para ver si va venir o no un compañero. Estamos trabajando en unas condiciones precarias”.


Las reacciones de las organizaciones sindicales no se han hecho esperar, y es que según Valle Sanz López, secretaria de organización de UGT-FeSMC, en la comarca Suoroeste, y representante legal de los trabajadores, “los dueños de esta empresa se están enriqueciendo a costa del salario de los trabajadores” y señala que “pueden hacerlo porque se lo consienten desde la Administración Pública”.





Consecuencias


Las sucesivas huelgas -en el plazo de un año se han contabilizado más de cuatro, siendo la última el pasado octubre – no han tenido el efecto esperando, por lo que, tal y como indican desde los sindicatos, habrá más. Los trabajadores movilizados forman parte de la seguridad privada de diversas instituciones de Defensa, por lo tanto, las consecuencias de las huelgas por causas laborales tendrán una repercusión directa y negativa en la seguridad.


Ante el desarrollo de ya casi dos años desde el comienzo de esta situación, los expertos se preguntan cómo se pudo llegar a tal situación. Cómo el propio Gobierno no llevó a cabo un análisis más exhaustivo de las empresas a las que adjudicaba un tema tan delicado como la propia seguridad de las instituciones de Defensa. Cabe destacar la importancia de la dimensión de las auditorías a todos los niveles para evitar este tipo de situaciones. Una Auditoría de la Seguridad en esta tipología de empresas privadas, garantiza, además del cumplimiento de la ley, el funcionamiento de una empresa o institución. Un funcionamiento de la seguridad que puede retornar en un aumento de beneficios.




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